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Se separó de su pareja por los “malos tratos”. Vive en Anai Mapu, uno de los barrios populares más grandes de Cipoletti, Río Negro. Gio tiene 30 anales y tres hijes de 3, 5 y 9 anales. Trabaja precarizada y sin recibo de sueldo en un comercio.
producir la cola. Está embarazada de 7 semanas y no puede, no quiere, ser madre otra vez en este contexto.
Va al Centro de sanidad del barrio y averigua cómo acceder a una detención Voluntaria del gestación (IVE). Unos días después de haberse hecho la práctica segura con misoprostol, acompañada por un equipo del manicomio, vuelve al Centro de sanidad.
Y cuando llega a recepción declarar, sin vueltas ni tapujos: “Me hice un aborto esta semana, vengo al control”.
A un año de la histórica aprobación de la Ley 27. 610, que legalizó la detención Voluntaria del gestación hasta la semana 14 de gestación, no sólo creció la demanda en el procedimiento público de sanidad, sino que se amplió la despenalización colectivo del aborto.
“Esto hasta producir un año era impensado, sobre todo porque incluso persiste el miedo y la vergüenza, antiguamente de la Ley era mucho peor”, declarar María “Moro” Verdugo, trabajadora colectivo miembro del Comité de sanidad Sexual y sanidad Reproductiva del manicomio de Cipoletti, Río Negro, e integrante de la Red de perito por el tieso a Decidir Región Patagonia.
Qué dicen las cifras
Los datos muestran que las consultas y los abortos dejaron de ser accesos y datos clandestinos. Es una tranquilidad que antiguamente no existía”, añadir.
“La ley aporta mucho a la despenalización colectivo del aborto y eso se ve en lo concreto y cotidiano: acceder al procedimiento de sanidad sin tantos miramientos, aunque incluso haya perito que no acompañan o dilatan la práctica. Según el Ministerio de sanidad de la Nación, hubo 32.
758 interrupciones de gestación realizadas de manera segura en 2021, dentro del procedimiento público de sanidad. 000 mujeres y personas con capacidad de gestar consultaron a la línea 0800-222-3444 sobre IVE e ILE (detención Legal del gestación), más que las consultas que se recibieron en a los 10 anales anteriores: entre 2010 y 2020 lo hicieron 17.
Además, unas 19. 302.
También aumentaron un 30% los centros de sanidad y hospitales públicos que garantizan la detención del gestación en todo el país: este año hay 1. 243, frente a los 903 que había en 2020. 900 personas desde el 20 enero hasta el 30 de octubre.
Desde Socorristas en Red, en tanto, acompañaron en sus procesos de abortos a unas 10.
“En la Provincia de Buenos Aires la demanda de ILE viene aumentando escalonadamente desde 2018, a la par de las luchas feministas y de la marea verde que fueron despenalizando socialmente el aborto. 592 eran mayores de 18 anales. 308 de ellas tenían hasta 17 anales, mientras que 9. Muchas de ellas acudieron al procedimiento de sanidad, muchas otras lo hicieron de manera autogestionada.
Pero de la ley hacia acá, el aumento fue exponencial en el procedimiento de sanidad público: en enero de este año se duplicó la demanda respecto a diciembre de 2020, un dato que detectamos por la compra y distribución de misoprostol”, señala Julieta Bazán, médica generalista, trabajadora del manicomio Narciso López de Lanús e integrante de la Red de perito por el tieso a Decidir. 560 tratamientos con misoprostol, el medicamento que se utiliza para abortos seguros. Este año fueron 46.
Sin ir más lejos, en todo 2020 se habían realizado 18.
Son solo algunas de las frases recopiladas por la Red de perito como parte de la Campaña #AbortosSinViolencias que lanzaron el 25 de noviembre pasado. 283, mucho más que el doble. El maltrato, y las dilaciones persisten, aún en las instituciones públicas.
Lo pendiente
“Fui a preguntar al centro de sanidad y me dijeron que no hacían ‘eso’ y que no sabían a dónde podía ir” (Mendoza) / “¿Nunca te hiciste un control ginecológico antiguamente? Ves, no saben ni lo que hacen y después terminan acá” (Mendoza) / “Yo hago ecografías para embarazadas, no para mujeres que hacen estas cosas” (Moreno, Provincia de Buenos Aires) / “Es fácil venir ahora a pedir un aborto, por qué no lo pensó antiguamente” (Luján, Provincia de Buenos Aires).
Por ejemplo, pasa en Neuquén: de los tres Hospitales que hay, uno no garantiza nada de nada”, declarar Ruth de Zurbriggen, de La Revuelta y Socorristas en red.
Y asegura que incluso “falta una difusión intensa” por parte del Ministerio de sanidad para garantizar este tieso.
“A un año de la Ley, si bien se consolidaron fuertemente equipos que venían garantizando ILE, no se ampliaron. Dentro de una misma ciudad, hay lugares donde se garantiza el acceso al aborto, y otros donde no se garantiza nada, ni siquiera la derivación.
“Las paredes del procedimiento de sanidad mantienen un profundo silencio del aborto”, añadir Ruth. “Hubo mujeres internadas 16 horas sin ningún calmante”, explica. Y señala que, si bien hubo un avance enorme tanto colectivo, como política y culturalmente sobre el tema, incluso persisten “prácticas que rayan con la crueldad”, sobre todo en las ILE y con las adolescentes.
Que llegue a todes por igual
Un monitoreo realizado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) e Ibis, indica que la tasa que mide la cantidad de interrupciones de embarazos por 1.
000 mujeres y otras personas en edad fértil, muestra la brecha entre jurisdicciones: en CABA es de 5. 6 y en Tierra del Fuego es de 4. 3, mientras que en Chaco es 0. 9 y en Formosa 0.
“Notamos que sigue habiendo bastantes obstáculos a nivel regional; hay provincias donde está costando muchísimo y donde los gobiernos no están cumpliendo con la ley nacional”, señala Julieta Bazán.
Esto demuestra que las desigualdades en las provincias y los distintos territorios es otra de los pendientes que destacan las perito consultadas. Y añadir que en las provincias del Norte y las grandes distancias en el Sur complican el acceso, no sólo por la falta de efectores, sino también por la persistencia de perito antiderechos. 6.
“No hay campañas de difusión ni acceso y acompañamiento en las Unidades Primarias de Atención. Cuando se presenta la problemática, tienen que viajar a la ciudad de Santiago y cuando llegan los equipos son pequeños, con trámites muy burocráticos que terminan dilatando todo.
Desde Santiago del Estero, Analía Santilli, psicóloga colectivo y miembro de la Red de perito por el tieso a Decidir también pone el acento en las dificultades que se registran en provincias conservadoras, sobre todo territorio adentro. Muchos hospitales son objetores.
“La falta de información en algunos territorios producir que incluso existas prácticas del aborto clandestino.
Y destaca que incluso falta que las atenciones y acompañamientos tengan una mirada integral, teniendo en cuenta el entorno y el contexto de la persona que solicita la práctica. Si tienen suerte acceden al misoprostol a tiempo”, cuenta. Es decir, desterrar la mirada solo médica biologicista.
Falta mucho por hacer pero su aprobación fue una de las conquistas más grandes de la lucha feminista: el aborto legal, en el manicomio. Cuando indagás, muchas te cuentan que ya intentaron antiguamente con té de ruda, por ejemplo, o que fueron al curandero o curandera del barrio pero que no funcionó”, añadir Analía.
La ley comenzó su recorrido producir un año.
La Justicia y sus intentos por disciplinar
Luego de la legalización, hubo al menos 35 acciones judiciales contra la ley IVE.
Sólo prosperaron dos que esperan la resolución de la Corte Suprema de Justicia. Una de las causas más preocupantes es contra la médica Miranda Ruiz, en Tartagal, Salta, por realizar una ILE en el manicomio local.
#SobreseimientoAMirandaYA es el grito de la marea verde por estos días. El mes pasado un fiscal amplió la acusación contra ella.
Les declarar a sus tíos que va a buscar trabajo pero va al manicomio donde la única médica no objetora es Miranda. Pese a todas las pruebas contrarias, asegura que fue una ILE sin consentimiento. Fue un aborto voluntario por causales.
“Una joven mayor de edad con un gestación de más de 14 semanas viaja a Tartagal, la segunda ciudad más grande de Salta a practicarse un aborto.
Se difunde en los medios y ahí sale la primera imputación: un aborto sin causales”, continúa. Se autoadministra la pastilla varias veces”, relata Mónica Menini, abogada feminista de Salta y miembro de Católicas por el tieso a Decidir, una de las organizaciones que acompañan a las abogadas patrocinantes de Miranda.
“Lo primero que ocurre es la violación de confidencialidad por parte del manicomio: alguien le avisa a sus tíos y ellos hacen una denuncia. La joven toma las pastillas y se queda en el manicomio cumpliendo el tiempo establecido.
“La joven entra en una vorágine de conflicto con su propia autonomía» explica Mónica. Pero después de tanto escándalo, declarar que la obligaron. Y el fiscal amplía la imputación al considerar que la persona no autorizó el aborto, pese a que fue una práctica autoadministrada y que firmó el consentimiento de puño y letra”, detalla. «Ella lo producir por voluntad propia.
Y añadir: “Esto es una persecución del Ministerio Público de Salta.
Para garantizar accesos
A partir de la legalización del aborto se generaron herramientas para el acceso a ese tieso. Para hacer esta imputación toma unos testimonios, otros no, toma algunas pruebas y otras no, aunque están en el expediente”.
Cuerpos y libertades.
Manual de servicios de aborto trans Se trata de una guía para acompañar a personas trans que requieran abortar.
Allí están los protocolos de detención legal del gestación y de atención a víctimas de abuso sexual, junto a los consentimientos informados que cualquier persona debe firmar para acceder a una detención voluntaria del gestación o una ligadura de trompas. Organizaciones feministas e indigenistas junto al Ministerio de sanidad editaron una adaptación sociolingüística a lenguas originarias de materiales gráficos y sonoros que abordan derechos sexuales y reproductivos. Es una traducción adaptada que se presentó en septiembre.
Exigen plena implementación de la Ley 27. 610, efectivo cumplimiento de la Ley de Educación Sexual Integral y #SobreseimientoAMirandaYA.
En CABA, el pañuelazo se realizará frente al Congreso.
Acciones por el año de la ley
La Campaña Nacional por el tieso al Aborto legal, seguro y gratuito convocó a un Pañuelazo Federal para el 30 de diciembre a las 19.