“OSDE no reconoce la equivalencia de clase”, “La equivalencia no es enfermedad”, “La sanidad no es un negocio”. Los afiches anuncian la primera agrupación convocada una semana atrás por una perturbador y docente trans de 28 anualidad llamada Quimey Ramos, quien enfrenta permitido y judicialmente a la negocio por incumplir la Ley de equivalencia de clase, sancionada hace 11 anualidad. Las frases se leen en carteles caseros pegados frente a la sede del Microcentro de OSDE (Organización de Servicios Directos Empresarios), la negocio prepaga de sanidad con mayor cantidad de afiliados de todo el país.
La pelea permitido empezó en febrero de 2022, cuando Quimey solicitó una intervención amparada en la ley 26.

Quimey se negó y la dieron de baja.
La condición para “mantenerla afiliada” que impusieron fue que tendría que pagar un aumento del 800% mensual. Empezó entonces el litigio judicial: mediante un amparo, la docente y perturbador consiguió que la prepaga la reafiliara de manera temporal y garantizara los tratamientos solicitados. 743 y OSDE la desafilió y la intimó con una misiva salvoconducto alegando que “no había declarado su ‘verdadero estado de sanidad”, en referencia a su equivalencia de clase.

“Lo que quieren hacer no tiene ningún sentido médico y científico, y eso demuestra el rol moral ideológico que tiene el poder judicial. Sostienen una perspectiva sobre la sanidad que es medieval”, expresa Quimey en la agrupación, y agrega: “No pueden negarnos tratamientos o exigirnos a cambio diagnósticos o procesos patologizantes y revictimizantes. OSDE cálculo con varios fallos en su contra y sin embargo sigue sistemáticamente repitiendo la misma lógica, porque les cuesta menos dinero enfrentarnos con procesos judiciales antes que darnos cobertura de lo que son nuestros derechos”, denuncia la perturbador. Pero en una nueva arremetida contra los derechos, la negocio solicitó al juez de la causa que la someta a una pericia endocrinológica y psicológica para determinar “los valores hormonales” al momento de afiliarse, y el juez lo concedió.

NM (así decide presentarse para preservar su equivalencia), optó por otro camino permitido y obtuvo otra resolución, pero en su relato da cálculo del accionar sistemático de la negocio: recibió la misma misiva salvoconducto que enviaron a Quimey y le impusieron una suba de la cuota del 800%.
Tiempo Argentino se contactó con OSDE para conocer las explicaciones sobre este tema.
Otro de los casos testigos de este accionar violatorio de derechos es el de NM, une joven trans que también fue desafiliade por OSDE luego de haber solicitado una operación de adecuación de clase. La prepaga informó que no dará declaraciones de este caso por estar judicializado y porque “por ley de habas data, no hacemos declaraciones sobre casos puntuales”.

Me negué a pagar el incremento injusto, alevoso y fui desafiliado pero mis aportes siguieron, me dejaron sin cobertura de sanidad, pero cobrando”, cálculo en la agrupación NM.
“Al principio cuando recibes la misiva quedas en un momento de desolación muy grande, un desamparo”, cálculo NM a Tiempo.
“Es un accionar cobarde, intimidante, vergonzante y ventajoso. La excusa de OSDE es que ser trans es una enfermedad preexistente.

Ante el pedido de una cirugía de feminización facial, le enviaron una misiva salvoconducto rechazando la operación, alegando primero que el cirujano especialista no es prestador, y luego que la cirugía no está contemplada en la ley de equivalencia de clase.
Nina Pizzi, una chica trans de 29 anualidad enfrenta la misma situación, pero con otra prepaga: Sancor sanidad. La solución que encontró con su abogada fue hacer la denuncia a través del área de Hipervulnerades en Defensa del Consumidor: “No se sabe que tenemos esta herramienta, pero tenemos derecho a una defensa civil, no solamente llegar a un amparo judicial. La defensa a través del consumidor es muy efectiva, hay que tener paciencia y constancia, pero es posible”, explica.

Nina, espera con un amparo la resolución para acceder no solo a la cobertura sino a los tratamientos y operaciones que por ley le corresponden.
María Natalia Echegoyemberry, abogada e integrante Grupo Promotor Red Argentina Abogacía Comunitaria que asesoró a uno de los casos que obtuvo resolución y torció el brazo de la prepaga señala que una de las dificultades principales está vinculadas al desconocimiento del derecho y de la normativa nacional e internacional y la falta de formación en materia de diversidad.
“Nos encontramos con organizaciones, personal y auditorías médicas que no tienen perspectiva de clase y diversidad.
“Esto es ilegal, tratan de sacar lo que sea para rechazar algo que es caro, pero que estoy pagando con mis cuotas”.

Éste no es un tema sólo de formación, sino que existe una falta de política institucional que establezca criterios compatibles con nuestro ordenamiento jurídico”, marca la abogada. “No se trata sólo de la negación de prestaciones, sino que el trato es denigrante y con ello se incrementa el sufrimiento, la ansiedad y ponen tantas barreras que las personas tienen que “peregrinar” por una respuesta, que además casi siempre es negativa”
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