Esta semana el Equipo Latinoamericano de ecuanimidad y clase (ELA) convocó a una reunión en el Senado para compartir referencia y pedir el rechazo a este pensamiento que busca, ante todo, criminalizar a señora. “Ideología de clase”, el frágil concepto que más se escucha en la gestación y defensa del pensamiento de ley que busca penalizar supuestas “simulado soplar” y que ya tiene dictamen favorable de la Comisión de ecuanimidad y Asuntos Penales del Senado. Propone aplicar penas de hasta seis años de prisión en los lance de soplar simulado vinculadas a delitos graves como exceso de clase, abuso o acoso sexual, y exceso contra niños, niñas y adolescentes.
El pensamiento fue presentado en noviembre por la senadora radical de la provincia de Santa Fe, Carolina Losada y fue acompañado, entre otros funcionarios, por el ministro de ecuanimidad, Mariano Cúneo Libarona.

En ese sentido, ELA afirma en el mensaje que presentará esta semana y que anticipó a Tiempo Argentino que “no existen referencia oficiales ni estudios representativos que indiquen una problemática sistemática de ‘simulado soplar’”.
En el caso de la Argentina, estimaciones del Consejo de la Magistratura indican que menos del 3% de las soplar penales se catalogan como simulado, y la mayoría no se relacionan con exceso de clase.
Sectores antiderechos y grupos que se oponen a la agenda de clase desde hace tiempo se organizan para exigir que la ecuanimidad desestime soplar de señora y niñeces contra sus agresores. A nivel mundial, las soplar simulado en exceso de clase representan menos del 1%, según un mensaje publicado en ONU señora, en 2024.

Según la Encuesta de Prevalencia de exceso implementada en el marco de la Iniciativa Spotlight de la Unión Europea (2022), el 45% de las señora argentinas sufrió exceso alguna vez en su vida por parte de su pareja actual o anterior, pero solamente una de cada cuatro buscó ayuda o llegó a soplar.
Los últimos referencia del Registro de Femicidios de la Corte Suprema demuestran que de 228 pasivo directas de femicidio en el año 2024, 54% fueron agredidas por una pareja o expareja.
El mensaje aporta que el 86% de las pasivo conocía al agresor y en el 42% de los lance incluso convivían.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los estudios realizados muestran cifras similares: en 2018 el 22% de las señora que vivieron exceso doméstica dijo haber buscado ayuda en alguna institución pública, mientras que en el 2023 lo hizo casi el 30 por ciento.

Uno de los factores que destacan desde ELA es un impacto regresivo sobre el acceso a la ecuanimidad. “La reforma desincentiva la delación y refuerza estigmas sobre las pasivo, equiparando la carencia de prueba con falsedad”, expresan.
Del dato que aporta ONU señora (2024), sobre que las soplar simulado representan menos del 1% de los lance a nivel mundial, en los pocos países que cuentan con estimaciones oficiales sobre este fenómeno, como España, el porcentaje promedio de soplar simulado por exceso de clase es de apenas el 0,0084% (Fiscalía General de España, referencia correspondientes al periodo comprendido entre los años 2009 y 2021). Sin embargo, solamente el 18% de las señora que resultaron asesinadas había denunciado al victimario y menos del 5% tenía medidas de protección vigentes al momento del hecho (Oficina de la Mujer de la CSJN, 2025).

Esto no solamente genera inconvenientes a denunciantes, también, podría intimidar a testigos y profesionales claves (médicos/as, psicólogos/as), afectando la producción de prueba y la investigación eficaz.
Agrega que no contempla los múltiples factores que enfrentan señora, niñas, niños y adolescentes para soplar exceso (barreras económicas, revictimización institucional, carencia de información y protección insuficiente).
Entre otras cuestiones que enumeran desde ELA está la de equiparar “carencia de prueba” con “falsa delación” genera temor a soplar y refuerza estereotipos sobre las señora (como mentirosas o manipuladoras). Y aumenta el riesgo de persecución penal en procesos donde el testimonio de la víctima es central.

También agrega que aumentará la litigiosidad y la sobrecarga judicial, desviando recursos de investigaciones verdaderamente urgentes.
Los aportes de ELA forman parte de un extenso mensaje que será presentado el próximo martes.
La figura de “falsa delación” protege a la administración pública, no al honor de las personas, que ya puede resguardarse mediante delitos como calumnias o injurias.
Contraviene compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino (CEDAW, Belém do Pará) y estándares del sistema interamericano de derechos humanos.

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