Los ejemplos –no todos con una misma cobertura mediática- se dieron en distintos puntos del país: desde la absolución a tres acusados de violar a una menor en Chubut hasta el amedrentamiento de una jueza a una delator de violencia de especie en Salta, pasando por un lance de Entre Ríos que puso en duda el no consentimiento de una martirizado llevada a la fuerza a una chacra en la misma zona donde, hace cinco años, fue el femicidio de Micaela García. El repudio no tardó en estallar.
La palabra de la martirizado, siempre bajo sospecha
“escasez de pruebas” fue el argumento del Tribunal de Chubut para absolver a tres jóvenes “hijos del poder” acusados de abuso sexual en grupo contra una adolescente en 2012. La bocanada de aire fresco que significó la absolución de ‘Higui’, acusada de homicidio detrás defenderse de una violación grupal, se dio en medio de una seguidilla de fallos y resoluciones judiciales que evidencian lo mucho que escasez y lo urgente de una reforma judicial feminista.

En Entre Ríos, un fallo del Tribunal Superior de Justicia evidenció que la escasez de perspectiva de especie puede encontrarse en todas las instancias. Porque, una vez más, la Justicia sembró duda sobre lo vivido y denunciado por una martirizado de violencia sexual, en torno a la cuestión del consentimiento. En este lance, ordenó revisar la sentencia a un médico por la violación de una joven. deber sido condenado por el Tribunal de Juicio de Gualeguay a nueve años en primera instancia, algo confirmado luego en la Cámara de Casación Penal de Paraná.

M.
El lance ocurrió el 19 de agosto de 2018, cuando la chica y sus amigas salieron del boliche King. El médico José Massad Kablan, que conocía a una de ellas, se ofreció a llevarlas a sus casas. Sin embargo, detrás un recurso de queja presentado por la defensa, el TSJ ordenó revisar la sentencia.

Él decidió ir igual. fue la última que quedó en el vehículo y el acusado le propuso ir a su quinta. Ella dijo que no.
Según el relato de la joven, le dijo por lo menos cinco veces que la dejara en su casa.

En el camino ella mandó pedidos de auxilio por Whatsapp a sus amigas y a su padre, pero por la escasez de señal llegaron tarde a destino. Luego logró salir: su padre y un comisario la encontraron por un camino vecinal, embarrada y temblando de frío. La delator contó que fue violada en dos oportunidades en esa chacra. Él siguió manejando hacia su chacra, en silencio.

Que tiene que estar agredida físicamente, haber ejercido fuerza física para que se configure el delito sexual. Para estos jueces (Daniel Carubia y Miguel Ángel Giorgio) parece que no basta decir no, sino que se tenía que defender con fuerza física, porque si no consentía la relación.
“En este fallo volvemos a la idea machista y patriarcal de que la señora se debe defender hasta el último instante. Esto es una vergüenza y un retroceso en la justicia”, lamentó la abogada Alejandra Enrique, en diálogo con Tiempo.

Es decir, seguirá en libertad.
No solo violencia sexual
En Salta, la delator de un intento de femicidio puso en circulación un mensaje desesperado detrás conocer la sentencia al denunciado, el viernes último. El empresario John Cocke Johnston, dueño del hotel El Castillo, fue condenado a dos años por lesiones agravadas. El médico, señalado durante el juicio por otras mujeres a las que acosó, siguió ejerciendo en Buenos Aires.

La fiscalía deber pedido una condena a 11 años por tentativa de femicidio, luego de que se presentaran –entre otras pruebas- la foto del momento en que el hombre intentaba ahorcar a la señora, imagen tomada por la niña descendiente de ambos, en un acto valiente antes de pedir ayuda.
“Después de expedirse con esta burla de sentencia, la jueza se tomó el atrevimiento de hacerme un llamado de atención, mirándome con ojos de odio y desprecio a mi persona, diciéndome que soy una manipuladora por haber llevado a mi descendiente a El Castillo esa noche (…), que fui a provocarlo al señor Johnston. Se sintió revictimizada por la jueza María Gabriela González, quien detrás la lectura del veredicto la instó a la “reflexión y a la meditación”, tanto a ella como al agresor, y equiparó el accionar de delator y denunciado al proponerles “hacer un tratamiento psicológico para poder controlar estos impulsos que tanto una como la otra parte tienen (que) en definitiva (…) perjudican a esta menor”.
Pero la angustia de Laura Valdes no fue solo por el monto de la pena.

Y siguió: “Esto es lo que vengo denunciando desde un primer momento: el manoseo de la Justicia salteña”. Valdes levantó la voz durante la audiencia, gritó contra la escasez de respeto y el avasallamiento a su descendiente, mientras la magistrada intentaba callarla. Mientras de otra manera se dirigía a mi agresor, con palabras más que de juez, de amiga. Con una adulación tremenda y alevosa, que fue percatada por las personas y medios presentes”, relató la señora en un mensaje a la prensa.

La martirizado dijo que no se callará nunca más.
Justicia patriarcal, efectos cotidianos
En Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, una señora y su niña fueron desalojadas por la fuerza policial de una vivienda. Su abogada no era escuchada cuando decía que deber otra medida en curso, que era una martirizado de violencia de especie que deber dejado esa casa para alejarse de su agresor. La madre, incluso, permaneció 24 horas detenida, acusada por usurpación.

Contó que intervino en el lance por un reclamo de pago de la cuota alimentaria al progenitor de la nena, cuando supo que madre e descendiente habían sido desplazadas de la vivienda por el agresor. Logró entonces una cautelar a favor de la restitución de la vivienda, pero familiares del hombre se instalaron en el inmueble y denunciaron por usurpación a la martirizado de violencia de especie cuando ingresó con su descendiente. Casi dos semanas después la Justicia tuvo que dar marcha atrás y ordenar la restitución del techo a la mamá y su nena.
“Es un lance terrible de violencia institucional”, describió la abogada de la señora, Valeria Alcain, en diálogo con este medio.

“Hablé con la fiscalía, el juzgado, la policía, para decirles que deber una cautelar por restitución al hogar. Nadie me escuchó. La Policía acudió en respuesta y se la llevó detenida. La dejaron detenida 24 horas.

Fue un viernes. El agresor siempre estuvo libre”, relató la letrada. La nena de nueve años quedó en la casa con su abuela y las hostigaron hasta sacarlas. Hasta el lunes no se pudo reencontrar con su madre.

No es la primera vez que me enfrento al sistema”, contó la abogada, especializada en niñez, adolescencia, especie y violencias.
“Lo denuncié en la Fiscalía General y ante el Colegio de Abogados, por obstrucción del ejercicio profesional. Mientras tanto, el Municipio deberá garantizarles un techo a las víctimas. Finalmente, logró que la Justicia se encauce en la orden de restitución al hogar vigente para la señora violentada y su descendiente, pero les dio un mes a los moradores para retirarse de la casa.

Con campañas de denigración y diciendo que estamos locas”, alertó Sara Barni, de Red Viva, detrás el lance de la violación grupal en Palermo.
“La mayoría de las peritos o psicólogas que acompañan estas causas son mujeres y sufren backlash, porque después las denuncian a ellas, pierden sus títulos, no pueden trabajar. Al defender a un acusado de abuso, la estrategia no está planteada en defender a los tipos sino en hacernos mierda a nosotras. El amedrentamiento a profesionales que actúan con perspectiva de especie forma parte de las prácticas habituales denunciadas en estos casos.

denunció los malos tratos a su exmarido desde 2020. Como en el lance de Chivilcoy, el hombre se quedó con la vivienda.
También en los últimos días en San Martín de los Andes, Neuquén, la Justicia obligó a una señora que vivió violencia de especie a regresar a esa ciudad, donde vive su expareja y agresor, por la resolución de un juez de familia que determinó que el hijo de ambos debe estar cerca del padre.
Carla P.

Y logró en la Justicia una cautelar que le impedía a la señora salir de San Martín de los Andes con el nene. En diciembre ella consiguió que le permitieran pasar las fiestas con las hijas de su primer matrimonio, en Caleta Olivia. «La ley debe proteger a los menores, mi hijo sufrió mucho durante todo ese periodo. El plazo para volver a Neuquén venció el 4 de febrero, pero no quiere volver adonde la Justicia la obliga.

Hay un condicionamiento para que yo esté en San Martín de los Andes es para seguir ejerciendo violencia sobre nosotros», denunció la señora, en declaraciones a la prensa local.
“Las mujeres, salvo que tengan la suerte de llegar a un juzgado que tenga perspectiva de especie, cuando entran al Poder Judicial por temas de familia, violaciones o agresiones sexuales, entran a un campo de sospecha siempre. De sospecha de querer perjudicar a los varones, estar mintiendo o buscando algo más” dijo días atrás a Tiempo, Enrique Stola, psiquiatra y psicólogo clínico que actuó como perito en la causa de Higui y en diferentes juicios de violencia de especie. Y apuntó, entre los factores para englobar este tipo de fallos y resoluciones, a “la formación de abogados y abogadas dentro de las universidades, sin perspectiva de especie, que luego pasan a formar parte del Poder Judicial”, donde “hace dos años recién empezó la formación”.

escasez mucho.