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El infracción económico tiene otro correlato: solamente el 10% de los progenitores se hace cargo de los cuidados y la crianza.
La búsqueda, un cometido inédito presentado este miércoles en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, se titula «infracción de la responsabilidad nutrir en la PBA: un problema estructural que profundiza las desigualdades de especie» y se realizó en base a una encuesta que respondieron más de 6 mil señora de los 135 municipios, entre junio y julio de 2021. Una encuesta realizada por el Ministerio de las señora, Políticas de especie y Diversidad Sexual bonaerense reveló que el 66,5% de las señora no recibe la cuota nutrir o lo hace de manera eventual, y que solamente el 10% considera que ese aporte económico es «suficiente» para cubrir todos los gastos y necesidades de sus fruto e hijas.
La mayor parte de las sondear tiene entre 26 y 55 años, el 56% cuenta con estudios terciarios y el 25% con secundario completo, y trabaja en relación de dependencia formal (41,7%), de la economía popular (19,4%) o están desocupadas (18,1%).

Los resultados le ponen números a una realidad que es conocida y, lamentablemente, naturalizada en nuestro país.
No solamente aborda el aspecto socioeconómico, sino incluso el jurídico y las responsabilidades parentales de cuidado. Y un dato no menor: el 54% de las respuestas corresponden a hogares monomarentales. Durante la presentación, Sabrina Cartabia, Sol Calandria y Lucía Cavallero, funcionarias del ministerio de las señora a cargo del informe, remarcaron que el cometido «busca visibilizar y proponer soluciones a la violencia frugal, documentar los obstáculos existentes en el sistema actual con la finalidad de plantear propuestas a los diferentes poderes y niveles de gobierno para realizar cambios que acerquen a las señora, niñas, niños y adolescentes el acceso al derecho a la responsabilidad nutrir».

Es decir, que más de la mitad de las sondear, el 66,5%, no recibe responsabilidad nutrir, o solamente la percibe eventualmente.
La gran mayoría de las señora sondear indicó que, en los casos en que el progenitor cumple con sus obligaciones alimentarias a través de dinero, el monto resulta escaso o alcanza a cubrir solo algún gasto o necesidad particular. En tanto, el 41% sí recibe dinero, aunque un 24,9% dice que es realizado de manera regular y un 15,3% de manera irregular.
Las cifras de la desigualdad
En concreto, el sondeo reveló que el 51,2%, más de la mitad de las señora sondear declaró no percibir ningún tipo de aporte por parte del progenitor de sus hijas y/o fruto.

«De esta manera, el infracción de la responsabilidad nutrir hace pasar a las señora de la condición de acreedoras (ya que a ellas se les debe la distribución en igualdad de la manutención y el cuidado de hijas e fruto) a la condición de deudoras, afectando su posibilidad de ejercer una vida autónoma», se subraya en las principales conclusiones del cometido sobre las consecuencias que tiene el infracción alimentario de los padres.
Frente a esta situación, las señora se ven obligadas a adoptar distintas estrategias para garantizar que no les falte nada a sus fruto e hijas y que van desde endeudarse a incrementar las horas de cometido para solventar los gastos. De hecho, solamente el 10% considera que es «suficiente» para cubrir todos los gastos y necesidades de niñas, niños y adolescentes. El 32% admitió pedir ayuda frugal a familiares o a su círculo cercano, mientras que el 12% recurrió a créditos, lo que significa que el 44% necesita pedir dinero prestado para llegar a fin de mes.

solamente el 10% de los hombres se ocupa del cuidado, según las sondear. ¿Cómo se las arreglan las señora? El 23% los cuida sola, el 35% recurre a familiares y amistades, el 4% a guarderías, jardines y escuelas, mientras que el 5% contrata a una persona.
«El infracción del pago de la cuota es una forma de ejercer la violencia por razones de especie, de tipo frugal, que produce pérdida de autonomía de las señora», sentencia el cometido entre sus conclusiones y agrega que «se transforma en una herramienta de manipulación, extorsión y dominio».
La búsqueda incluso confirma que el infracción de las obligaciones alimentarias no solo se expresa en los aspectos materiales como comida, ropa o salud, sino que «supone incluso el desligamiento respecto a las responsabilidades de cuidado y crianza», una situación que golpea con mayor dureza a los hogares de los sectores populares.

A esta violencia frugal se le suman otros tipos de violencia como la física, la psicológica y la sexual.
El cometido enumera los obstáculos que se le presentan a las señora al momento de realizar una denuncia por el infracción económico y la falta de información en la mayoría de los casos es la clave. El 45,9% dijo desconocer el marco normativo sobre la responsabilidad nutrir, mientras que el 65% no conoce centros de atención, asesorías de familia, o centros de acceso a la justicia que asesoren o trabajen sobre el tema.
«La mayoría de las personas, incluyendo a los progenitores y operadores de justicia, entre otros, no consideran que el pago de la responsabilidad nutrir sea un derecho de las infancias y una medida en contra de la violencia frugal», resumió la búsqueda en otra de sus conclusiones.

Además, la Justicia suele establecer como aporte alimentario una cifra que va entre el 20 y el 35% del salario del padre como aporte alimentario.
El Poder sumarial, el gran deudor
En el final de la presentación, la ministra de las señora, Estela Díaz, sostuvo que los resultados de la encuesta muestran que «el gran deudor sigue siendo el Poder sumarial» y que es necesario «mucho más Estado presente».
La demora en el proceso sumarial, la extensión del uso de estrategias dilatorias y el tener que presentar pruebas de cómo y en qué se gasta el dinero de las y los fruto, se agregan al listado de obstáculos.
«Son terribles los resultados.

Díaz incluso apuntó que la búsqueda va acompañada por 32 recomendaciones que son líneas de acción para avanzar y generar cambios en la problemática, y que abarcan a los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y sumarial. En ese listado están el proyecto de ley integral de violencia por razones de especie; otro proyecto de alimentos provisorios obligatorios; la actualización del Código Civil provincial; notificaciones judiciales más ágiles y la regulación del acceso a los patrocinios jurídicos gratuitos, entre otros.
«Por más desalentador que sea el resultado, nunca es triste la realidad, pero creemos que tiene remedio y es con mucho Estado presente», cerró Díaz. No teníamos expectativa de encontrarnos con algo distinto, pero cuando se corrobora en la búsqueda lo ves todo junto y decís qué fuerte es el entramado patriarcal de relaciones sociales interpersonales», afirmó la ministra y consideró que se trata de «una sociedad que convive con el abandono económico concreto y con el abandono emocional, que sigue siendo asumido en su mayoría por las señora».

«No hay sanción social para este brutal infracción y hay una naturalización y se los dice quien ha padecido esto.
incluso apuntó que el infracción en el pago de la cuota está naturalizada a nivel social. Hay una suerte de indolencia social por lo cual esto está permitido», señaló.
La asesora presidencial Dora Barrancos, quien incluso participó de la presentación, celebró la publicación del informe y aseguró que es «muy pionero» porque «hay pocos de estas características en nuestro país».

No bastan los fallos (a favor del pago) porque no se cumplen en el 50% de los casos», remarcó y agregó: «Necesitamos un poder sumarial que se entienda con el derecho, con la justicia». «Incluso las feministas hemos estado muy tarderas en esta denuncia. Y efectivamente es una falta, un default.
En el final, apuntó a la responsabilidad que tiene la justicia en esto.