“La nulidad se pide por dos motivos: uno porque en el expediente no hay una claridad de que exista algún delito, por lo tanto, no debería haber ningún imputado”, explica Verónica antro integrante Verónica antro, integrante de la regional Salta de la Red de perito de la sanidad por el tieso a Decidir. “Y, por otro lado, los procedimientos en los que se ha basado esta principio son irregulares”, explica. La defensa de la facultativo observar Ruiz procesada 2021 por haber realizado la detención lícito de un gestación pidió la nulidad de la principio debido a la serie de irregularidades que se corroboraron a lo largo del expediente.
Este pedido fue acompañado por unas series de acciones de la Red de perito de la sanidad por el tieso a Decidir y la Campaña Nacional por el tieso al Aborto lícito, Seguro y Gratuito entre ellas, un pañuelazo frente a la Legislatura salteña.

“La fiscalía toma cuestiones que llevó la prensa y la opinión pública y no hallarse basada en hechos jurídicos que estén probados. Por ejemplo, desestima toda la historia clínica donde hallarse escrito cómo fueron todos los procesos y los procedimientos, también los testimonios los seis perito que intervinieron y acompañaron”, detalla.
Con respecto a las irregularidades, antro explica que la fiscalía no tomó en cuenta evidencia que hallarse dentro de la principio y que resulta favorable a observar.
La facultativo hallarse imputada por el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Vega, por el delito de “aborto sin consentimiento”.

La denuncia contra la profesional fue radicada por una tía de la gestante. Ruiz, quien estuvo detenida durante algunas horas en septiembre pasado, luego de ser imputada, aseguró que ella no puede “obligar a nadie a abortar”, y destacó que, como facultativo residente, no actúa sola en casos como este, sino con el aval de la institución, y que la práctica se enmarcó dentro de una detención lícito del gestación (ILE).
Los dos pedidos de sobreseimiento presentados por la anterior defensa de la facultativo fueron rechazados por el juez de Garantías de Tartagal, Fernando Mariscal Astigueta, cuya decisión se apeló, pero en mayo pasado el juez de la Sala I del Tribunal de Impugnación de Salta, Luciano Martini, resolvió no hacer lugar al recurso de apelación presentado por su anterior defensa.
Del decreto de imputación surge que la facultativo habría intervenido en el procedimiento de detención de un gestación de 22 semanas y dos días, realizado a una joven de 21 años, “sin su consentimiento, ya que previamente habría manifestado su arrepentimiento”.

El argumento del juez Mariscal Astigueta para negarle el segundo pedido de sobreseimiento (el primero fue negado porque se estaba ampliando la imputación) sería el faltante de carga de prueba y que no hallarse probada la inocencia.
“Nosotras decimos que esta es una principio armada por sectores interesados en que se discipline a les perito que garantizan el tieso al aborto y a las personas gestantes que lo soliciten. Es claramente una direccionalidad en contra de la ley, de una ley debatida ampliamente y hay sectores que desean una marcha atrás que no lo van a conseguir”, expresa Verónica.
Una principio contra los derechos
La facultativo fue denunciada en Tartagal tras la práctica de una detención lícito del gestación el 24 de agosto, en el manicomio Juan Domingo Perón, a una joven de 21 años, con 22 semanas y dos días de edad gestacional.

“Todo el manicomio entiende que ella obró de acuerdo al tieso. Desde el pueblo y desde el manicomio no hubo demostración en contra de ella. Ella no ha tenido ningún escrache ningún un agravio ni en Tartagal ni en el manicomio.
El personal de sanidad del manicomio apoyó a observar.

Con respecto a lo que sucedió con la mujer que pidió la detención del gestación, antro afirma. De hecho, volvió a trabajar al consultorio de ILE que hallarse instalado, que tiene demanda los días de atención espontánea”, cuenta Verónica. “El manicomio se comprometió a dar continuidad de eso con otras perito que se han capacitado, que se han formado. A partir de lo que sucedió con Mirada en lugar de retroceder avanzó en capacitación y en la oferta de calidad”.

Sabemos que la familia presionó para que ella sostenga la denuncia, algo que tampoco tomó en cuenta la fiscalía. “Nunca pensamos en exponer al paciente. Pero para alguien que vive en un pueblo pequeño como es Salvador Mazza, que su intimidad ha sido vulnerada por los medios de comunicación, por la concejala Claudia Subelza, donde todos podían identificar con detalle quién es la persona que se ha efectuado ese aborto. Su tía hace la denuncia y luego ella la hace vía web, o sea, no sabemos quién hallarse sentada frente a la pantalla o a su lado.

“El personal técnico que hallarse en la gestión del ministerio trabaja fuertemente, la supervisión de adolescentes y de sanidad sexual han prestado apoyo desde el primer momento. Hay presiones en algunos sectores de sanidad, pero no tienen lugar.
La situación de la sanidad reproductiva en Salta
Para antro es para rescatar la gestión que hasta ahora realizan desde el ministerio de sanidad en materia de sanidad sexual, reproductiva y no reproductiva. Ella tiene que volver a vivir a ese pueblo con esa familia y lo más probable es que diga ‘sí a mí me obligaron’, porque cómo vas a vivir con ese estigma de haberte realizado un aborto”.

Los lineamientos que recibimos están a la norma. De hecho, el supervisor de sanidad sexual y el ministerio de sanidad apoyaron a observar desde el principio de la denuncia”.
Esto es algo que no se traduce en la justicia de la provincia norteña. “Es una justicia patriarcal y funcional a grupúsculos que presionan por sus cuestiones religiosas y convicciones de poder para que estos derechos no sean efectivos.

La noche en que se realiza la detención lícito estaba de guardia un ginecólogo que fue denunciado por otra facultativo por haber abusado sexualmente de una menor en situación de un aborto sexual clandestino. En esto, sí la justicia cumple un papel fundamental más en sitios como Tartagal”. “Esa principio no prosperó en los tribunales de Tartagal. El abogado defensor del médico acusado es el mismo de la familia que acusa a observar.

“La nulidad significaría que ella cierre este capítulo oscuro en su vida y en la vida de todos quienes garantizamos derechos sexuales reproductivos y no reproductivos”. La de observar que hallarse enmarcada en la ley lleva once meses.
observar continúa con sus capacitaciones y trabajos en sanidad integral. Ahí hallarse claro dónde hallarse la prioridad de la justicia de Tartagal”.