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El fallo del máximo tribunal lleva la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti y no hizo lugar por cuestiones formales a dos acciones de apoyo oposición el Estado nacional. En ellas se reclamaban a la honradez la inconstitucionalidad de la mencionada ley del malparto legal. 610, de la interrupción voluntaria del embarazo. El martes la herida sumo de honradez de la nacionalidad desestimó por unanimidad dos planteos que se habían realizado oposición la vigencia de la ley 27.
986″. materia rechazados en primera instancia y, tras la presentación de un recurso de apelación, la Sala V de la aposento de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó ese pronunciamiento.
Se trata de los casos “Kulanczynsky, Marisa Esther y otros c/ EN – M Salud de la nacionalidad s/ apoyo ley 16. 986″ y “Kulanczynsky, Marisa Esther y otros c/ EN – Poder Ejecutivo s/ apoyo ley 16.
610, fruto del más amplio debate democrático”, expresaron desde la fundación MujeresxMujeres.
“En todo el país ya han sido rechazados 34 demandas similares, en diferentes fueros y provincias.
Los recursos materia promovidos por Marisa Esther Kulanczynsky, María Alejandra Abdian, Marianela Manelli, Walter Luis González, Florencia Cortez, Patricia Mónica Rodríguez y Susana Silvia Accorinti, con el patrocinio letrado de esta última. Esta decisión judicial de la CSJN consolida el recto a decidir que reconoce la Ley 27.
Además, agregó allí que la legitimación activa debía rechazarse cuando se pretendía un pronunciamiento judicial con efectos sobre bienes o intereses sobre los queotras personas ajenas al proceso tenían derechos individuales y exclusivos, sin que existiera un procedimiento apto para resguardar su recto de defensa.
Según informó la herida sumo, la Sala V de la aposento de Apelaciones remitió a su precedente “Sueldo”, causa en la que ya deber rechazado la legitimación activa del peticionario, pues no deber demostrado tener un perjuicio distinto al que podrían tener otros ciudadanos y tampoco demostraba representar el interés general de la sociedad.
Amnistía Internacional también se pronunció al respecto. “Con esta sentencia queda firme la decisión de la aposento, que deber resuelto que un grupo de ciudadanos no tiene recto a impugnar judicialmente el recto al malparto de miles de mujeres y personas gestantes”, dijeron en un comunicado.
