La semana pasada, conmovió la noticia de una nena de 11 anualidad que fue al Hospital de General Mosconi -municipio del departamento San Martín, en botar- por fuertes dolores estomacales y el médico detectó que en realidad estaba con trabajo de parto. De tanto en tanto, un caso adquiere visibilización y el teatro vuelve a emerger. Para permanecer luego invisibilizado y naturalizado, hasta el próximo hecho rimbombante que llegue a los medios. El bebé nació prematuro, el progenitor de la chica fue denunciado por violación y quedó detenido.

“Es algo que se da no solo en corporación nativo. Ocurrió en el seno de una parentela criolla, algo que sorprendió a las autoridades hospitalarias pero expuso que el teatro de las chica-mamá, resultado de abusos y vulneración total de derechos, no sólo se da en las corporación originarias de la región. Tenemos chica que fallecen, que tienen complicaciones porque la accesibilidad al sistema de salud es más difícil en las áreas donde viven poblaciones nativo, en toda la región del Gran Chaco: botar, Formosa y el Impenetrable chaqueño, donde vive la mayor cantidad de población wichí de la región, en condiciones de mayor inequidad”, describe desde el territorio Tujuayliya Gea Zamora, médica generalista de origen wichí, graduada en Cuba, hija de la referenta wichí Octorina Zamora. Pero a veces se visibilizan lance de ahí por el nivel de vulnerabilidad en la que viven y de abandono en muchos sentidos, que hace que los desenlaces sean tal vez más fatales.

Todos los lance daban cuenta de abusos previos.
Pocas horas antes que la chica de 11 anualidad llegara al hospital con trabajo de parto, en la localidad chaqueña de El Sauzalito era hallado el cuerpo de Jorgelina Reynoso, de 16 anualidad. Fue el tercer femicidio de nenas y adolescentes wichí en lo que va del año, después de Pamela y Florencia (por quien hoy se moviliza la comunidad de Pichanal, al cumplirse un mes). Y Jorgelina, además, tenía un hijo de tres anualidad: había sido madre a los 13.

Creemos, por la percepción en el territorio, que los números son dos o tres veces más amplios de lo que se dice”, asegura Germán Vildoza, cofundandor junto a Florencia Rey Lacoste de De la Mano Por el Mundo, organización que trabaja con talleres y acompañamiento de corporación originarias salteñas.
Según las estadísticas vitales de 2020, publicadas la semana pasada por el Ministerio de Salud de la Nación, ese año hubo 85 nacidos vivos de mamá menores de 15 anualidad en botar y 127 en Chaco. Sin embargo, de acuerdo al Anuario Estadístico de Violencia de Género 2020 elaborado por el Observatorio de Violencia contra la Mujer (OVCM), ese año fueron 114 las chica de entre 10 y 14 anualidad que tuvieron bebés en botar, además de una nena de 9, según consignó botar/12.
“Están un poco maquilladas las estadísticas.

Durante más de cinco anualidad de trabajo en territorio, Vildoza vio cuán extendido está el teatro en la zona. Y coincide en que el embarazo infantil y adolescente incluso se da en familias criollas, sobre todo en zonas rurales y aisladas. Lo mismo pasa con las muertes por desnutrición: una cosa es lo que pasa oficialmente y otra la realidad”, denuncia. “Es común que pase esto con las cifras que tienen que ver con las corporación originarias.

“La directora nos dijo que deber formado parentela y se deber ido a otros parajes, en el medio del monte. Para graficarlo, cuenta que antes de la pandemia regresó con su compañera a una comunidad del Chaco salteño donde deber dado talleres escolares. Les llamó la atención no encontrar a muchas de las chica con las que deber trabajado. Armamos una especie de relevamiento con nombre y apellido de las chica que teníamos en los talleres.

“A los 10-11-12 anualidad encuentran ‘pareja’ y desertan de la escuela. Empezamos a hacer una búsqueda para detectar en qué situación estaban: 9 de las 10 deber sido mamá. Tenían 11, 12 y 13 anualidad”, recuerda. Eran alrededor de 10.

Y incluso están las violaciones de corporación criollas a nativo. Es una de las razones que hemos detectado. Se van en busca de mejores oportunidades y a partir de entonces se hacen cargo de las familias. Muchas veces el abusador se las lleva, prácticamente las secuestra y las obliga a que se hagan cargo de la parentela en condiciones de extrema vulnerabilidad.

Son las dos cosas”, dice al analizar el teatro de las chica-mamá.
Para la médica Zamora, al abordar la conformación de ‘parejas’ a tan corta edad “hay que pensar en adolescencias con proyectos de vida en la maternidad. El monte ya se lo talaron, la posibilidad de seguir una vida tradicional en relación con el ambiente ya la modificaron. ¿Qué pone el Estado? ¿Qué hay para los chicos además de criar a otros chicos? ¿Hay posibilidades de que accedan al sistema educativo jóvenes nativo? No hay dispositivos que les garanticen lugar de dispersión.

No tiene que ver solo con la acción que puede o no tener el sistema sanitario. La culpa recae siempre sobre la parentela indígena y se cuestiona a los jóvenes que forman familias desde chicos, pero no se plantea qué posibilidades hay para la juventud, la adolescencia indígena”.
La médica wichí critica que “se culturaliza la situación diciendo que ‘las nativo se embarazan desde chiquitas’ y ahí se hace un borramiento de todas las responsabilidades alrededor”. Ante este panorama, considera que es necesario un abordaje “intersectorial, interdisciplinario.

incluso con educación, desarrollo y con la capacidad de las instituciones de jurisdicción pensar que lo comunitario debe estar incluido.
Zamora por estos días trabaja con embarazadas menores de 15 anualidad en la región de Nueva Pompeya, Chaco. jurisdicción pensar estas estrategias con la participación comunitaria, valorizar el conocimiento propio. Sus pautas de cuidado hacia chica y adolescentes no están valorizadas en el mundo no indígena, verticalista, como si los pueblos ancestralmente no tuvieran políticas de cuidado”.

Para jurisdicción garantizar a estas chica el acceso al conocimiento sobre sus derechos, como saber que una vez detectado el embarazo tienen entre posibilidades la decisión de la interrupción voluntaria (ILE)”. Implica “abordarlo desde la interculturalidad –que todavía nos falta-, y comprometer a las instituciones en la identificación, la búsqueda activa de estos lance.
La injusticia incluso incide
“La otra parte en este abordaje es jurisdicción garantizar justicia en los lance de abuso sexual”, remarca Tujuayliya Gea Zamora. En un proyecto que apunta al “fortalecimiento de la implementación de la hoja de ruta” sobre cómo actuar en esos lance.

Fue emblemático por “todo el reclamo y visibilización que hubo que hacer” para que la justicia al menos comenzara a actuar. “Y que las instituciones estén alertas para denunciar. Señala incluso las amenazas que sufrieron las mujeres que en el último tiempo decidieron organizarse para denunciar los abusos que sufrieron por parte de criollos, muchos de los cuales terminaron en embarazos. Creo que es una gran falla no jurisdicción asegurar justicia”, dice y reflota el caso de Juana, nombre ficticio con que se denunció la violación grupal por parte de al menos siete criollos a una chica wichí de 12 anualidad a fines de 2015.

“Qué difícil es jurisdicción llevar adelante un proceso (de denuncia judicial) si no tenés las garantías de protección. Porque “pudo visibilizar de manera dramática la situación de otras corporación que a veces eran silenciadas, no solo por la comunidad sino especialmente por los efectores de salud, los hospitales”.
Irene Cari, del Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades, incluso señala el caso de Juana como un punto de inflexión. Y si es una parentela con jurisdicción, criollo o indígena, ¿cómo hacemos?”, se pregunta.

“Si bien tenemos datos de una realidad que a todo el mundo espanta, no hay políticas públicas que la transformen. La vulneración de los derechos de chica, niños y adolescentes es dramática en botar. El bebé nació anencefálico y murió instantes después. Esa chica, víctima de abuso colectivo, quedó embarazada y la hicieron pasar por siete meses de gestación hasta que accedió a una cesárea, tras negarle el derecho a la interrupción legal del embarazo.

Mueren niños y chica en edades muy chiquitas, muchos por desnutrición. Y mucho más la desidia que se da en las corporación. Imaginate cómo son los embarazos. Los que llegan a los hospitales son porque hay un agente sanitario que ha podido detectarlo.

Si no, ni llegan. Queda en el ocultamiento”, advierte, y apunta que “falta voluntad política” para que la situación cambie.