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La defensa de la doctor ver Ruiz procesada 2021 por haber realizado la intervalo lícito de un gravidez pidió la nulidad de la germen debido a la serie de irregularidades que se corroboraron a lo largo del expediente. “Y, por otro lado, los procedimientos en los que se ha basado esta germen son irregulares”, explica.
Este pedido fue acompañado por unas series de acciones de la Red de perito de la sanidad por el rígido a Decidir y la Campaña Nacional por el rígido al interrupción lícito, Seguro y Gratuito entre ellas, un pañuelazo frente a la Legislatura salteña.
“La nulidad se pide por dos motivos: uno porque en el expediente no hay una claridad de que exista algún delito, por lo tanto, no debería haber ningún imputado”, explica Verónica guarida integrante Verónica guarida, integrante de la regional Salta de la Red de perito de la sanidad por el rígido a Decidir.
Por ejemplo, desestima toda la historia clínica donde encontrarse escrito cómo fueron todos los procesos y los procedimientos, también los testimonios los seis perito que intervinieron y acompañaron”, detalla. “La fiscalía toma cuestiones que llevó la prensa y la opinión pública y no encontrarse basada en hechos jurídicos que estén probados.
La doctor encontrarse imputada por el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Vega, por el delito de “interrupción sin consentimiento”.
Con respecto a las irregularidades, guarida explica que la fiscalía no tomó en cuenta evidencia que encontrarse dentro de la germen y que resulta favorable a ver.
Del decreto de imputación surge que la doctor habría intervenido en el procedimiento de intervalo de un gravidez de 22 semanas y dos días, realizado a una joven de 21 años, “sin su consentimiento, ya que previamente habría manifestado su arrepentimiento”.
La denuncia contra la profesional fue radicada por una tía de la gestante.
Los dos pedidos de sobreseimiento presentados por la anterior defensa de la doctor fueron rechazados por el juez de Garantías de Tartagal, Fernando Mariscal Astigueta, cuya decisión se apeló, pero en mayo pasado el juez de la Sala I del Tribunal de Impugnación de Salta, Luciano Martini, resolvió no hacer lugar al recurso de apelación presentado por su anterior defensa. Ruiz, quien estuvo detenida durante algunas horas en septiembre pasado, luego de ser imputada, aseguró que ella no puede “obligar a nadie a abortar”, y destacó que, como doctor residente, no actúa sola en casos como este, sino con el aval de la institución, y que la práctica se enmarcó dentro de una intervalo lícito del gravidez (ILE).
Una germen contra los derechos
La doctor fue denunciada en Tartagal tras la práctica de una intervalo lícito del gravidez el 24 de agosto, en el clínica Juan Domingo Perón, a una joven de 21 años, con 22 semanas y dos días de edad gestacional. Es claramente una direccionalidad en contra de la ley, de una ley debatida ampliamente y hay sectores que desean una marcha atrás que no lo van a conseguir”, expresa Verónica.
“Nosotras decimos que esta es una germen armada por sectores interesados en que se discipline a les perito que garantizan el rígido al interrupción y a las personas gestantes que lo soliciten.
El argumento del juez Mariscal Astigueta para negarle el segundo pedido de sobreseimiento (el primero fue negado porque se estaba ampliando la imputación) sería el faltante de carga de prueba y que no encontrarse probada la inocencia.
“Todo el clínica entiende que ella obró de acuerdo al rígido.
El personal de sanidad del clínica apoyó a ver. Ella no ha tenido ningún escrache ningún un agravio ni en Tartagal ni en el clínica. Desde el pueblo y desde el clínica no hubo demostración en contra de ella.
A partir de lo que sucedió con Mirada en lugar de retroceder avanzó en capacitación y en la oferta de calidad”. “El clínica se comprometió a dar continuidad de eso con otras perito que se han capacitado, que se han formado.
Con respecto a lo que sucedió con la mujer que pidió la intervalo del gravidez, guarida afirma. De hecho, volvió a trabajar al consultorio de ILE que encontrarse instalado, que tiene demanda los días de atención espontánea”, cuenta Verónica.
Pero para alguien que vive en un pueblo pequeño como es Salvador Mazza, que su intimidad ha sido vulnerada por los medios de comunicación, por la concejala Claudia Subelza, donde todos podían identificar con detalle quién es la persona que se ha efectuado ese interrupción. Su tía hace la denuncia y luego ella la hace vía web, o sea, no sabemos quién encontrarse sentada frente a la pantalla o a su lado. Sabemos que la familia presionó para que ella sostenga la denuncia, algo que tampoco tomó en cuenta la fiscalía. “Nunca pensamos en exponer al paciente.
Ella tiene que volver a vivir a ese pueblo con esa familia y lo más probable es que diga ‘sí a mí me obligaron’, porque cómo vas a vivir con ese estigma de haberte realizado un interrupción”.
La situación de la sanidad reproductiva en Salta
Para guarida es para rescatar la gestión que hasta ahora realizan desde el ministerio de sanidad en materia de sanidad sexual, reproductiva y no reproductiva. Hay presiones en algunos sectores de sanidad, pero no tienen lugar. “El personal técnico que encontrarse en la gestión del ministerio trabaja fuertemente, la supervisión de adolescentes y de sanidad sexual han prestado apoyo desde el primer momento.
Los lineamientos que recibimos están a la norma. De hecho, el supervisor de sanidad sexual y el ministerio de sanidad apoyaron a ver desde el principio de la denuncia”. “Es una justicia patriarcal y funcional a grupúsculos que presionan por sus cuestiones religiosas y convicciones de poder para que estos derechos no sean efectivos.
Esto es algo que no se traduce en la justicia de la provincia norteña.
El abogado defensor del médico acusado es el mismo de la familia que acusa a ver. “Esa germen no prosperó en los tribunales de Tartagal. En esto, sí la justicia cumple un papel fundamental más en sitios como Tartagal”.
La noche en que se realiza la intervalo lícito estaba de guardia un ginecólogo que fue denunciado por otra doctor por haber abusado sexualmente de una menor en situación de un interrupción sexual clandestino.
La de ver que encontrarse enmarcada en la ley lleva once meses. “La nulidad significaría que ella cierre este capítulo oscuro en su vida y en la vida de todos quienes garantizamos derechos sexuales reproductivos y no reproductivos”. Ahí encontrarse claro dónde encontrarse la prioridad de la justicia de Tartagal”.
ver continúa con sus capacitaciones y trabajos en sanidad integral.