Con la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del gravidez los dispositivos públicos de sanidad en todo el país tienen la obligación de brindar vigilancia, información y asesoramiento a las ser gestantes que acuden allí para realizar un interrupción. El interrupción es legal en Argentina desde 2020. Esto, tras la llegada al gobierno de Javier Milei con un discurso “antiaborto” cambió. No solo se desarticularon y vaciaron las políticas públicas que permitían articular los agrupación perito sino que aún abrió la puerta para que aquellos sectores que históricamente se opusieron al rígido a abortar se sientan legitimados.

Como consecuencia, en las últimas semanas la Campaña por el rígido al interrupción Legal, Seguro y Gratuito de Zona Norte junto a Amnistía Internacional presentaron una acción judicial contra el municipio de San Isidro “por la institucionalización irregular y deliberada de graves barreras en el acceso al interrupción, sostenidas por fracción de las autoridades locales”.
fracción de todo esto se puso en funcionamiento de la manera más cruel en el clínica Materno Infantil de San Isidro donde desde 2024 se ocupan sistemáticamente de violentar a las mujeres y ser gestantes impidiendo el acceso a ese rígido.
Cuando supo que quedarse embarazada, Ana, que ya tenía tres hijos, decidió no seguir adelante con su gravidez. Consultó con una profesional y llegó una mañana al clínica Materno Infantil de San Isidro, provincia de Buenos Aires, con todo listo para realizarse una AMEU (Aspiración Manual Endouterina), una intervención ambulatoria).

Les dije que no precisaba una nueva instancia, que quedarse segura de mi determinación y que ya contaba con toda la información necesaria. Me sorprendí cuando me dijeron que por ‘protocolo’ debía pasar por una consejería e incluso realizar consulta psicológica como requisito para consentir a la práctica”, contó Ana. Allí se encontró con un panorama distinto al que esperaba. “Antes del procedimiento, en el clínica, me exigieron pasar por una nueva consejería para volver a confirmar mi consentimiento.

“Me mostraron una virgen que sacó una de ellas del cajón y me dijo que lo ‘tome como una señal’”, relató.
Esa vigilancia en la consejería fue para Ana muy incómoda. Todo lo que dijeron se orientaba a que dé marcha atrás con la determinación que había tomado. Recuerda que incluso ingresaron al consultorio dos ser que parecían ajenas al clínica.

Algo similar le sucedió a Camila cuando en 2024 se acercó al mismo clínica para interrumpir su gravidez. Yo ya quedarse atravesando un momento difícil, quedarse angustiada. Mientras lloraba, me mostraron un muñeco bebé. “Cuando llegué, me derivaron a un consultorio llamado Maternidades Vulnerables, donde me recibieron dos ser que, en lugar de acompañarme, cuestionaron mi determinación.

No buscaban escucharme. ”
Camila no volvió más y pudo interrumpir su gravidez en otra institución. Me preguntaban una y otra vez: ‘¿Por qué llorás?’. No buscaban ayudarme.

En ambos casos, las ser de esas consejerías siguieron llamándolas y hostigándolas. Pero notaron que eso comenzó a cambiar. “Hoy sé que lo que mepasó no fue un hecho aislado”, reflexiona.
perito de la sanidad que trabajan en el nosocomio coinciden en que durante años vieron cómo las ser que necesitaban consentir a una interrupción podían hacerlo dentro del sistema de sanidad.

Pacientes que llegaban con una determinación tomada y salían llenas de miedo”, afirma Micaela, médica de la zona.
Sus relatos confirman una y otra vez lo que vivieron Ana y Camila. aún describen cómo poco a poco dejaron de estar los y las perito que garantizan este rígido, y desaparecieron los espacios de vigilancia. “Las consultas ya no llegaban directamente a los agrupación de sanidad, sino que tenían que pasar por espacios de escucha que se hacen llamar ‘maternidades vulnerables’, manejados por ser que no forman fracción de los agrupación médicos que realizan estas prácticas.

aún hubo presiones a perito para que se declaren objetores de conciencia, bajo apercibimiento de perder sus trabajos. “Lo que debía ser una vigilancia de sanidad oportuna empezó a transformarse en una carrera de obstáculos”, dice. Se registraron además cambios institucionales que aumentaban las barreras de acceso al interrupción. Entre ellas, “la implementación de un protocolo de vigilancia que contradice derechos reconocidos por la legislación vigente”.

Las dos mujeres que brindaron sus testimonios abortaron pero decidieron hablar por las mujeres que vienen detrás, para que no sean violentadas, para que puedan consentir a su rígido a decidir. “Veo con preocupación cómo ser que tienen rígido a consentir al interrupción deben recorrer un camino cada vez más tortuoso”. «
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